Moya fue condenado por deuda alimentaria

NEUQUÉN (AN).- Organizaciones gremiales y sociales están preparando impugnaciones contra Evaldo Moya y Ricardo Cancela, propuestos por el gobernador Jorge Sapag para ocupar los cargos de vocal y defensor del Tribunal Superior de Justicia respectivamente.

El equipo jurídico de la CTA, ATE y ATEN es uno de los encargados de preparar las impugnaciones. Uno de los puntos, según adelantaron ayer, será un fallo de la justicia de Roca que en agosto de 2009 condenó a Moya como deudor alimentario.

"Moya está pagando, pero según se desprende del fallo percibía más ingresos que los que pretendía demostrar, y por eso le modificaron el régimen de cancelación de la deuda: de 50 cuotas, a 36", explicaron los abogados de los gremios. "Esta circunstancia pone en tela de juicio su habilidad moral para asumir en el cargo", agregaron.

Por su parte el gremio judicial Sejun y la Asociación Convocatoria Neuquina señalaron que las nominaciones de Sapag son "una mala señal para la ciudadanía"; que "retoma el camino que delineó el ex gobernador Jorge Sobisch" en la materia; y que su argumento de la "autolimitación es solo retórico y vacío".

De Moya dijeron que no reúne "los antecedentes profesionales o académicos como para ocupar un cargo que requiere una alta calificación profesional, académica y moral, debiendo bucearse por sus méritos en los vínculos y compromisos con este gobierno y con el de Sobisch".

De Cancela que "ha sido el abogado defensor de todos los funcionarios de la gestión Sobisch imputados en casos de corrupción y es el actual defensor del propio ex gobernador en las causas que se le siguen".

En tanto la electa diputada Beatriz Kreitman y el presidente de la Coalición Cívica, Ricardo Villar, también cuestionaron a los postulados con el argumento de que tienen una vinculación con el poder político que les resta una condición elemental: la independencia.

"Uno (Moya), como presidente del Tribunal de Cuentas, un organismo que a lo largo de los años ha visto degradada su función de contralor de los intereses fiscales para convertirse en convalidante de las operaciones realizadas por los gobernantes, especialmente los de mayor jerarquía. El otro (Cancela), preservando la libertad y la buena conducta de altos funcionarios provinciales, sospechados de actos de corrupción, aprovechando el manto de impunidad que le tienden algunos sectores de la justicia", dijeron.

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